La carencia de controles de calidad del aire interior tiene un grave impacto económico en todos los sentidos. A causa de ello se dispara el coste público sanitario, las empresas acusan el precio de los días de trabajo perdidos y finalmente los individuos lo pagan en forma de consecuencias para su salud.

Esta es la razón por la que todas aquellas inversiones que contribuyan a la creación de ambientes más sanos deberían dejar de verse como un inconveniente. Más bien todo lo contrario, pues resultan realmente beneficiosas para el bien de todos.

Los riesgos que supone la exposición a ambientes contaminados no deben pasar desapercibidos para las autoridades públicas. Pues su impacto sobre la salud de las personas se verá reflejado en el posterior coste de tratar enfermedades motivadas por estos espacios.

Las pautas existentes para ventilación no valoran sus consecuencias en la productividad o el aprendizaje, en el caso de centros educativos. Actualmente basta con que el aire interior sea aceptable para cumplir con las medidas exigidas. Es posible conseguir esta valoración si únicamente el grupo de personas más sensible lo considera inaceptable y para el resto resulta tolerable.

Ciertos estudios reflejan la existencia de un gran número de personas que sufren las consecuencias del síndrome del edificio enfermo. Existen informes que respaldan que mejorar la calidad del aire interior consigue incrementar la productividad en oficinas y escuelas. Al mismo tiempo, minimiza el riesgo de aparición de principios de alergia y asma.

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